Asignatura pendiente

Cuando todo parecía indicar que el Congreso sancionaría antes de fin de año una nueva Ley de Educación Superior, el nuevo ministro Alberto Sileoni sorprendió al afirmar que la norma tendría que esperar hasta el año que viene. En esta entrevista, la diputada Adriana Puigróss, reivindica la legitimidad de la Cámara Baja para avanzar con la iniciativa, destaca el trabajo realizado por los legisladores y explica las principales líneas del proyecto.

La primera vez que no se concretaron las expectativas fue hacia finales de 2007, cuando concluía la gestión de Daniel Filmus como ministro de Educación del gobierno de Néstor Kirchner. Con la nueva composición del Congreso, surgida de los comicios que consagraron como presidenta a Cristina Fernández, la Comisión de Educación de Diputados dedicó todo el 2008 a realizar una extensa ronda de consultas a lo largo de todo el país, que culminó con la entrega de un acuerdo, firmado por todos los bloques que la integran, al entonces ministro Juan Carlos Tedesco, en noviembre de ese año.

Todo indicaba que el momento había llegado, que el 2009 sería el año en que se sancionaría la esperada nueva Ley de Educación Superior que reemplazaría a la resistida norma vigente, alumbrada contra todos los sectores de la comunidad universitaria durante el gobierno menemista. Sin embargo, unas semanas atrás, el nuevo titular de la cartera, Alberto Sileoni, consideró conveniente que la nueva legislación demorara su aprobación hasta el año que viene. Esas declaraciones provocaron desconcierto y malestar entre los legisladores.

Adriana Puiggrós es la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja y fue quien encabezó este proceso de trabajo. Cree que las palabras de Sileoni encierran varios “malentendidos”; que constituye un “enorme triunfo” haber acordado la gratuidad de los estudios de grado; y que habrá nueva ley a pesar de que hay sectores que se oponen a la iniciativa. A continuación, los principales pasajes de la charla que mantuvo con el Cable en su despacho del Congreso.

– ¿Por qué resulta necesario modificar la Ley de Educación Superior?

– Por varias razones. En principio porque la ley anterior se dictó hace ya 15 años y han sido 15 años muy importantes, muy dinámicos en cuanto a cambios socioculturales. La segunda razón es que ésta es una ley que nunca tuvo consenso y carece de legitimidad. La tercera razón es que la actual ley expresa un pensamiento tecnoburocrático que arraigó profundamente en la pedagogía y sobre todo en la política educativa de la Argentina. La tecnoburocracia que se instaló durante el gobierno menemista está íntimamente ligada a las ideas del Banco Mundial, del BID, y de los sectores más esquemáticos de UNESCO. Fue el modelo que en los 90 desarticuló el sistema educativo argentino, el que abrió la posibilidad del arancelamiento de la educación superior, de que hubiera evaluadoras privadas de la educación superior, de que la educación fuera considerada un bien transable, de manera que pudiera quedar dentro de la órbita de la OMC. Estos sectores han quedado instalados en los organismos educativos de nuestro país como cuadros burocráticos y algunos políticos. Entonces hay una persistencia en muchos ministerios de educación en este tipo de políticas.

– Actualmente algunas universidades nacionales están cobrando un arancel ¿El proyecto establece claramente la gratuidad de los estudios de grado?

– El acuerdo entre todos los bloques partidarios que integran la Comisión de Educación es que los estudios de grado sean gratuitos. Después, respecto de los posgrados, hay tres posturas: quienes dicen que deben ser pagos, quienes dicen que deben ser completamente gratuitos y quienes decimos que debe haber una planificación, un organismo planificador del conjunto del sistema que pueda dar relevancia y definir qué posgrados deberían ser subvencionados por el Estado y cuáles no. Pero el hecho de que se haya acordado la gratuidad de la educación de grado es un enorme triunfo.

– En relación con el tema presupuestario, ¿la iniciativa define un porcentaje del PBI que debe ser asignado a la educación superior?

– Se establece que un 2% del PBI debe asignarse a la educación superior. Y se aspira a que ese 2% no se tome del 6% que le corresponde a la educación en general sino que se sume para llegar a un 8% al habría que aspirar en dos o tres años. Y además el presupuesto de ciencia y técnica debe ser otro. Creemos que tiene que haber una ley de financiamiento de la ciencia y la técnica en Argentina. No puede ser que la Argentina todavía esté invirtiendo apenas un 0,4% de su PBI, cuando Brasil supera el 1,5%.

– ¿El proyecto regula el tema del ingreso a las carreras?

– La iniciativa del Frente para la Victoria dice que el ingreso debe ser irrestricto porque parte de un diagnóstico que afirma que el número de alumnos no es realmente un problema. Este tema todavía no se tocó en el acuerdo pero creo que puede llegar a incluirse. Cuando hablo del acuerdo, querría aclarar que me refiero al documento suscripto por todos los bloques que el 16 de noviembre de 2008 le entregamos al entonces ministro Tedesco y que es un compromiso de todos los bloques parlamentarios y que ha sido ratificado en la pasada sesión del miércoles 29 de julio.

– ¿Se establecen pautas para la creación de nuevas universidades?

– En este momento hay una demanda real de alumnos que terminan el secundario y quieren acceder a la educación superior pero de ninguna manera pueden, por motivos económicos, llegar a las grandes universidades. Es una necesidad que debe ser atendida pero no como lo estamos haciendo en este momento, sin normativa, de manera casi circunstancial. Por lo tanto, desde nuestro bloque, lo que planteamos es que este sistema de educación superior, que debe articular todas las instituciones de la educación superior (universidades, centros de capacitación, institutos docentes y tecnológicos), debe tener una normativa para crecer, para abrir nuevas instituciones, para regular las correlaciones entre carreras. Para eso debe crearse un organismo, que estamos proponiendo que sea un Consejo de Educación Superior. Este Consejo estaría presidido por el ministro de Educación de la Nación, contaría con representantes de las universidades públicas, de las privadas, gremiales, la FUA, o sea un organismo bien representativo. Este organismo debería ser el que planifique. También de él dependería una nueva Coneau, que sería un organismo más técnico pero no totalmente autónomo, porque si se autonomiza, los criterios con los cuales evaluaría no serían los criterios político-educativos con que se planifica el conjunto.

– ¿En la futura ley se contempla una centralización de la negociación salarial para eliminar disparidades geográficos de salarios?

– El tema salarial no lo incluimos en la ley, pero ahora vamos a tener que verlo en La ley de Financiamiento. El año que viene vencen las metas de financiamiento y somos varios los organismos que vamos a tener que juntarnos para tomar decisiones al respecto. En lo personal creo que debe haber una base salarial nacional, tanto en los docentes universitarios como para todos los docentes. Pero que también debe establecerse una pauta de actualización, como la que establecimos para los jubilados, de manera que exista una actualización automática cada año o cada seis meses en base a una ecuación que hay que discutir entre diferentes actores. Y que después, cada provincia en su paritaria y cada universidad, pueda negociar los plus.

– Respecto del gobierno de las universidades, ¿la norma va establecer alguna pauta?

– La ley no se pronuncia respecto de la forma de elección de las autoridades, lo que sí establece es que todos los órganos de conducción de las universidades deben tener representación de los cuatro claustros. Eso es porque un ciudadano tiene los mismos derechos en Jujuy que en Tierra del Fuego. En cuanto a los porcentajes de representación es algo que estamos viendo porque hay muchas opiniones distintas. Entonces si no hay un acuerdo no lo vamos a incluir.

– ¿Cuándo cree que podría sancionarse esta nueva ley? Algunos sectores ya la esperaban para fines de 2007.

– En realidad nuestra serie de consultas empezó en el 2008. La Comisión de Educación de Diputados decidió hacer una amplia ronda de consultas que se desarrolló de marzo a julio del año pasado en el Congreso. De julio a diciembre, constituimos a la Comisión en cuatro zonas del país. Estuvimos dos días en cada universidad, en Córdoba, en Rosario, en Salta y en Comodoro Rivadavia. Recibimos las propuestas de todas las organizaciones de la sociedad que quisieran participar. Fue riquísimo. Con todo ese material trabajó la Comisión y sobre esa base hicimos el acuerdo de todos los bloques que se le entregó al ministro el 16 del noviembre de 2008. Es decir que usamos todo el año 2008 para la consulta, ahí no se atrasó. Este año volvimos a trabajar sobre el proyecto, se buscaron más consensos y vinieron sectores que no habían venido. Actualmente seguimos trabajando para lograr un dictamen de mayoría con la mayor cantidad posible de acuerdos.

– ¿A qué se deben entonces los dichos del nuevo ministro en cuanto a que esta ley se tendría que aprobar el año que viene?

– Yo creo que está mal informado porque el ministro recién asumió. En todo caso, el secretario de Políticas Universitarias tendría que informarle correctamente porque el ministro no es alguien vinculado con la educación superior sino más bien con el sistema. Justamente, en la última reunión de la Comisión, los diputados de la oposición pidieron fuertemente que se le informara para que supiera de todo este proceso de consulta. Y creo que también hay un malentendido porque parece como si nosotros quisiéramos sacar el proyecto sí o sí en el 2009, esto no nos obsesiona. La ley saldrá cuando esté madura. Si tenemos que tardar un mes más en discutir para llegar a consensos lo vamos a hacer, no vamos a apresurarnos porque alguien dice que nos atrasamos. Esto por un lado. La otra cuestión a la que hace referencia el ministro también es un malentendido y está referida a la legitimidad. En ese sentido los diputados de este Congreso que están hasta el 10 de diciembre tenemos total legitimidad. De hecho, vamos a votar la ley de presupuesto que es la ley de leyes. Máxime cuando estos diputados de todos los partidos son los que han recorrido el país llevando a cabo el proceso de consulta. Entonces estos diputados que se van de la Cámara a fin de año se han preocupado mucho porque quieren irse con la seguridad de que todo este trabajo se concrete en una nueva norma.

– ¿Usted cree que puede tratarse de algún intento de frenar este trabajo?

– No creo que de parte del ministro. Pero intentos de frenar este trabajo por supuesto que hay. Porque los sectores tecnoburocráticos quieren una universidad elitista y que no se organice un sistema de educación superior.

– ¿Espera que la iniciativa pueda ser aprobada antes de fin de año?

– Respeto mucho el trámite legislativo. Todo este proceso se está haciendo con mucha seriedad y tengo la convicción de que va a culminar en el momento adecuado en una muy buena Ley de Educación Superior para la Argentina.

Fuente: El Cable Nro. 722