De eso no se habla

El vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, Damián Loreti, visitó Exactas para brindar una charla acerca del nuevo proyecto de ley de comunicación audiovisual impulsado por el Poder Ejecutivo. Antes de la conferencia mantuvo una extensa entrevista con el Cable en la que detalló los alcances de esta iniciativa que es rechazada y silenciada por los principales grupos multimedia del país.

– ¿Por qué te parece que resulta necesario que la Argentina tenga una nueva ley de medios?

– Se están produciendo enormes novedades que han planteado en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, en México, la necesidad de contemplar que la incorporación de tecnologías puede llevar un proceso de concentración irremediable o a un proceso de democratización irreversible, según palabras del comisionado para la defensa de la competencia en el sector de comunicaciones de la Unión Europea. Entonces aunque tuviéramos una buena ley, habría que actualizarla porque si no quien termina regulando es el mercado y después lo que tenés son hechos consumados. Pero además Argentina tiene una pésima ley, sancionada durante la dictadura, en la cual se han incorporado 19 modificaciones, algunas de ellas empeorando la situación en términos de concentración, ya que permitió la construcción de holdings multimediáticos. Es imprescindible que en nuestro país se reemplace una ley que sigue existiendo y que establece, por ejemplo, que la autoridad de aplicación está conformada por un miembro de cada fuerza armada; o que establezca en su artículo siete que los medios pueden estar sujetos a restricciones en la información que difunden por razones de “seguridad nacional”. Y ojo que, cuando ocurrieron los sucesos del 20 de diciembre de 2001, hubo quien desde el gobierno quiso usar este artículo. La ley vigente, es el único caso en el mundo, que permite que durante 180 días hábiles las autoridades no sepan quién es el dueño de una emisora y no pasa nada.

– Desde algunos sectores se cuestiona que el tema se haya lanzado en medio de una campaña electoral.

– Es que en Argentina todos los años son electorales o preelectorales. Yo siempre dije
que el mejor momento para la discusión de una nueva ley de este tipo es en los primeros tramos de un gobierno. De todos modos, lo bueno de lanzar esto en plena campaña es que los partidos políticos tienen que decir qué es lo que piensan. Si uno rememora instancias electorales, en el 83, en el 89, había algunas discusiones acerca de qué se pretendía hacer con la Ley de Radiodifusión. El alfonsinismo, por ejemplo, era muy insistente en su plan de gobierno. Después de 25 años de democracia siempre es tiempo. Ahora, si esto se cruza con lo electoral a mí me parece un plus, porque los partidos van a tener que dar a conocer su opinión, y si alguno de los partidos cambia respecto de lo que eran sus plataformas políticas, va a tener que explicar por qué.

– ¿Cuál es el espíritu que impulsa esta iniciativa?

– En principio, algo que está muy marcado en los artículos iniciales se relaciona con el reconocimiento al derecho humano a la información y a la comunicación, y el respeto a la libertad de expresión, al pluralismo y la diversidad. Ese es un tópico muy fuerte en cuanto al espíritu de la ley. Otro es darle a la regulación de la actividad cierta neutralidad tecnológica entendiendo que lo que hay que proteger son las producciones independientemente del soporte por donde circulen. Otro es la desconcentración, tanto de medios como de derechos de exhibición, es decir, no sólo en cuanto a la propiedad sino también en materia de contenidos; uno de los más sonados es el fútbol pero no es el único. En este sentido se fijan límites en cuanto a la cantidad de licencias y a la penetración de mercados. Además, hay una fuerte vocación de defensa de lo que se llama el espacio audiovisual nacional, la producción local. Hay mecanismos para hacer más transparente la titularidad de los medios. Hay audiencias públicas que deben llevarse a cabo antes de autorizar la prórroga de las licencias. Se establece que en los lugares donde hay un monopolio en el servicio de cable, el Estado puede fijar una tarifa social de un paquete básico. Hay mandatos efectivos acerca del rol que deben cumplir los medios del Estado. Hay una reserva del espectro radioeléctrico para entidades sin fines de lucro de un 33%. Hay un paraguas protector para las radios universitarias.

– ¿Cómo está conformada la autoridad de aplicación?

– Por cinco miembros de los cuales tres son designados por el Poder Ejecutivo. Pero este proyecto incorpora algo que casi no tiene antecedentes: los otros dos integrantes son elegidos directamente por las minorías parlamentarias. En la FCC (Federal Communications Comision) estadounidense, por ejemplo, todos sus miembros son propuestos por el presidente con acuerdo del Senado, pero quien propone es el presidente. Acá directamente los eligen las minorías parlamentarias. La crítica que se le hace es que sigue teniendo mayoría del Ejecutivo. Y sí, lo que pasa es que hay alguien que gobierna que es quien ganó las elecciones. En ninguna parte gobierna la oposición. También se crea un Consejo Federal integrado por provincias, universidades, radios universitarias, entidades sin fines de lucro, trabajadores de la actividad, etcétera, que tiene por misión asesorar, dar acuerdo a ciertas políticas y también designar a los jurados de los concursos para obtener las licencias.

– Profundicemos en el tema de la desconcentración ¿Qué cantidad de medios puede tener una empresa o titular?

– Diez en todo el país, de acuerdo con este proyecto. Ahora, ¿por qué diez y no cuatro? Bueno, es que si fueran cuatro habría que pedirle, por ejemplo, al movimiento campesino de Santiago del Estero que vendiera una radio, porque ya tiene cinco. No existe un número mágico. El cuatro que establecía originalmente la ley de la dictadura tenía que ver con una realidad analógica. Además se establece no más de tres en una misma área de cobertura, techo a la penetración de mercado, ya sea de audiencias o de abonados, con incompatibilidades en la integración de la cadena de valor, donde por ejemplo, si sos dueño de un canal de aire no podés al mismo tiempo ser propietario del cable. Habría sido mucho más cómodo aplicar un mecanismo igual que el que existe en Estados Unidos por el cual el dueño de un diario, en la misma área de cobertura no puede tener medios electrónicos. Lo que hace el proyecto es establecer un límite a la integración vertical y ese límite es que no se puede ser dueño de ductos y de contenidos al mismo tiempo, salvo una sola señal propia. Si no sos dueño de ductos podés tener señales.

– De aprobarse el proyecto tal como está, ¿qué pasaría, por ejemplo, con un multimedios como Clarín?

– Lo que no puede haber es que alguien tenga la recolección de la limpieza de la ciudad, más explotaciones de petróleo, más un correo privado, más un montón de cosas, más la radio, más el cable, un canal de televisión abierta, más un diario. Ahí hay dos tajadas para hacer: una es que el objeto de la empresa licenciataria que debe ser la comunicación social, no pueden meter dentro de la vida de un medio de comunicación, otro tipo de negocios con el Estado. Segundo corte, la desintegración de la cadena de valor: tendrá que desinvertir y poner en venta algunas cosas.

– En muchas provincias es muy común que una empresa o una persona tenga un diario, un canal de televisión, sea el distribuidor de cable, tenga varias producciones propias dentro del cable, por lo menos una radio.

– La actividad está repleta de situaciones de hecho toleradas que no son derechos adquiridos. Tendrán que desinvertir. La Argentina ya tiene alguna historia de desinversión, por ejemplo en la industria eléctrica. Hay un mecanismo de transición en el cual la Autoridad Regulatoria más el Consejo Federal deben establecer los mecanismos de transición hacia el cumplimiento.

– ¿Qué establece el proyecto en torno al tan polémico tema de la exhibición del fútbol por televisión abierta?

– Hay un capítulo sobre desconcentración de derechos de exhibición -mal llamado el capítulo del fútbol, porque no se refiere sólo al fútbol-, por el cual se obliga a ofertar los derechos de exhibición de contenidos que tanto el Estado, como organizaciones intermedias, resuelvan en audiencias públicas que son relevantes. Esto se inspira en directivas del parlamento europeo. No todo va a lo abierto, sólo lo que es relevante o de interés público. Entonces, por ejemplo, ya no será posible que los clubes impidan entrar a las radios que transmiten los partidos; eso que pasó en Colón y en Newell´s no se puede hacer más. Se acabó el secuestro de los goles hasta las 12 de la noche del domingo: eso es de interés público para los noticieros. River y Boca seguro irían por aire porque sería declarado de interés público. Hay un afamado periodista de una importante cadena que dijo que esto nos podía dejar afuera de la FIFA. Yo no he visto que el parlamento europeo se haya hecho mucho problema porque con una directiva así los dejen afuera de la UEFA. Hay antecedentes. Este tema es derecho comparado puro.

– ¿Creés que el tema se va judicializar?

– No se puede impedir que alguien vaya a la Justicia. Lo que hay que entender es que no se están expropiando los derechos, lo que dice es que los dueños de los eventos que se consideran relevantes, los tienen que poner a disposición. Vale la pena recordar que también tenían los derechos cuando en el año 2000 ó 2001 se sancionó una ley por la cual se dijo que la selección argentina de cualquier deporte en torneos oficiales debe ser exhibida en abierta o en la señal propia de los cables donde no haya abierta. Hace poco una funcionaria reflexionaba y nos decía, “en Argentina, para ver un partido de fútbol tenés que pagar dos veces. No te dejan ver gratis ni las tribunas de una cancha”. Y encima nos muestran la parte que ellos quieren, no la tribuna con la bandera que dice que “el fútbol es de todos”.

– ¿Creés posible que se desarrolle un debate público sobre el tema?

– Nosotros, durante mucho tiempo, cuando tratábamos este tema en algunas materias en la Facultad, les decíamos a nuestros alumnos que esta es la historia de algo que ha sido sistemáticamente negado. Claro, llegó un momento que como ya nadie presentaba proyectos porque no tomaban visibilidad, era muy complicado ejemplificar a los estudiantes; el tema se había soterrado durante muchísimo tiempo y ya nadie se animaba a discutirlo. Bueno, en este momento estamos asistiendo a un caso de laboratorio. A partir del año que viene se harán investigaciones acerca de cómo algunas cosas no se discuten. No hay debate en ninguna parte. En Clarín y La Nación salieron dos o tres notitas. De los foros de discusión que se están haciendo en las provincias no hay noticias y eso que participan autoridades universitarias y, en algunos casos, hasta los gobernadores. El evento parece que no existe. Es la realidad soslayada. Ni siquiera páginas en contra que den lugar al debate. Nada. Alguien me comentaba, entusiasmado, que tenemos los mejores argumentos. ¡Sí, claro; si nos dejan debatir!

Fuente: El Cable Nro. 715